FALLO CLAVE
Prepagas: La Corte Suprema obliga a las empresas a pedir autorización al Estado antes de aumentar las cuotas
El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 y ordenó que la Superintendencia de Servicios de Salud vuelva a controlar los valores de los planes.
La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado las facultades del Estado para controlar los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Con esta decisión, las compañías ya no podrán actualizar libremente sus cuotas y deberán solicitar autorización al Gobierno antes de aplicar nuevos incrementos.
El fallo lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Además, ordenó que el Estado nacional vuelva a asumir las funciones de fiscalización que tenía antes de que entrara en vigencia el decreto firmado por Javier Milei. Esa tarea quedará en manos de la Superintendencia de Servicios de Salud.
LOS FUNDAMENTOS DE LOS JUECES
Los magistrados sostuvieron que el Poder Ejecutivo no presentó argumentos suficientes para justificar que se eliminaran esos controles en el marco de la emergencia económica y social. “No basta con invocar una emergencia genérica”, advirtieron. También remarcaron que el Gobierno debía explicar por qué era urgente quitarle al Estado esas facultades.
Para la Corte, los considerandos del DNU no demostraron una relación concreta entre la crisis invocada por el Gobierno y la necesidad de eliminar las potestades de la autoridad de aplicación. Tampoco explicaron de qué manera esa medida podía ayudar a resolver la emergencia.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
El caso comenzó con la demanda de una afiliada contra Swiss Medical. La mujer cuestionó un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido de apenas 6,26%.
En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión y declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. También ordenó limitar los aumentos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Estado nacional y la empresa apelaron. La Procuradora Fiscal, en cambio, consideró que correspondía confirmar la inconstitucionalidad y que el Estado recuperara sus funciones de control.
EL ALCANCE DE LA DECISIÓN
La Corte aclaró que su pronunciamiento se limita a esos dos artículos y que no define si el resto del DNU 70/2023 es constitucional. Además, señaló que el trámite legislativo previsto en la ley 26.122 sigue en curso, pero eso no impide que la Justicia revise normas con efectos concretos sobre las relaciones jurídicas.
El fallo lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Además, ordenó que el Estado nacional vuelva a asumir las funciones de fiscalización que tenía antes de que entrara en vigencia el decreto firmado por Javier Milei. Esa tarea quedará en manos de la Superintendencia de Servicios de Salud.
LOS FUNDAMENTOS DE LOS JUECES
Los magistrados sostuvieron que el Poder Ejecutivo no presentó argumentos suficientes para justificar que se eliminaran esos controles en el marco de la emergencia económica y social. “No basta con invocar una emergencia genérica”, advirtieron. También remarcaron que el Gobierno debía explicar por qué era urgente quitarle al Estado esas facultades.
Para la Corte, los considerandos del DNU no demostraron una relación concreta entre la crisis invocada por el Gobierno y la necesidad de eliminar las potestades de la autoridad de aplicación. Tampoco explicaron de qué manera esa medida podía ayudar a resolver la emergencia.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
El caso comenzó con la demanda de una afiliada contra Swiss Medical. La mujer cuestionó un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido de apenas 6,26%.
En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión y declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. También ordenó limitar los aumentos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Estado nacional y la empresa apelaron. La Procuradora Fiscal, en cambio, consideró que correspondía confirmar la inconstitucionalidad y que el Estado recuperara sus funciones de control.
EL ALCANCE DE LA DECISIÓN
La Corte aclaró que su pronunciamiento se limita a esos dos artículos y que no define si el resto del DNU 70/2023 es constitucional. Además, señaló que el trámite legislativo previsto en la ley 26.122 sigue en curso, pero eso no impide que la Justicia revise normas con efectos concretos sobre las relaciones jurídicas.