A esa descripción, el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, agregó que los efectivos demostraron "desmesura y desprecio por la vida".

Para fundamentar su requerimiento ante el juez Martín Del Viso, el fiscal detalló en su escrito de 21 páginas, al que accedió Télam, las siete pruebas fundamentales que logró producir en los primeros 15 días en los que tomó a su cargo la instrucción del caso.

La primera son las indagatorias de los tres acusados, todos policías de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, ahora imputados y detenidos.

Los policías dijeron que ese día realizaban una investigación de campo en una causa por narcotráfico y que creyeron que los jóvenes podían ser delincuentes, ya que -según sus versiones- exhibieron un arma y no detuvieron la marcha de su auto.

"Resulta ser una mera excusa sin sentido, tendiente a mejorar sus complicadas situaciones procesales", consideró el fiscal al detallar que "la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad".

"Los imputados interceptaron al vehículo de las víctimas con el rodado marca Nissan Tiida, del que descendieron armados y, pese a la corta distancia y no habiendo recibido ningún tipo de agresión por parte de las víctimas, efectuaron una cantidad significativa de disparos contra las zonas vitales de éstas", indicó el dictamen.

A continuación, sumó como pruebas para contrastar esa versión fragmentos de las declaraciones de los sobrevivientes y de dos testigos presenciales, quienes coincidieron en que los policías nunca se identificaron al interceptar a los jóvenes que iban a bordo de un Volkswagen Suran azul.

"Los firmes y elocuentes testimonios de los jóvenes que sobrevivieron al ataque han sido contestes en cuanto a que desconocían que los encartados fueran policías, pues jamás se dieron a identificar ni mostraron, no llevaban chalecos que los mostraban como tales, ni emitieron voz de 'alto policía' ni sonidos de sirena policial", describió.