La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino como responsable de no haber esclarecido el atentado a la AMIA, con fuertes cuestionamientos tanto a la investigación del caso como a su encubrimiento. En la resolución, se ordenó indemnizar a las víctimas del ataque terrorista.

El 18 de julio de 1994, a las 9:53, un vehículo con una carga explosiva fue detonado en la puerta de la sede de la AMIA. Como consecuencia directa de la explosión, 85 personas murieron y 151 resultaron heridas. En el comunicado difundido sobre el fallo se hace particular referencia a la responsabilidad de Argentina en la investigación que se inició para establecer la conexión local e internacional de los responsables del atentado.

“Argentina es responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado” y “no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”, señaló la sentencia dictada por la CIDH.



“Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”, sostuvieron.

El fallo de la CIDH responde a una demanda realizada por la agrupación Memoria Activa a raíz de las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. En octubre de 2022, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la impunidad del caso y admitió encubrimientos.

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“Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, agregaron desde el máximo tribunal.

La Corte declaró además la responsabilidad de Argentina al no haber garantizado un acceso real a la documentación sobre el atentado a la AMIA y determinó que hubo una violación al derecho a la verdad por las múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, así como por las dificultades que han tenido los familiares de las víctimas en acceder a la información sobre el caso.
(Fuente: M1)