En 1987 personal de la policía bonaerense asesinó a los jóvenes Agustín Olivera de 26 años, Oscar Aredes de 19, y Roberto Argañaraz de 24, en la localidad de Ingeniero Budge. Familiares, vecinos y amigos exigieron justicia. Por el crimen fueron condenados el suboficial mayor Juán Ramón Balmaceda, el cabo primero Juan Alberto Miño y el cabo Isidro Ritmo Romero. Tras este hecho, en 2013 fue promulgada la Ley 26.811, que establece el 8 de mayo como el Día Nacional Contra la Violencia Institucional.



“Por eso estuvimos allí, para visibilizar estos hechos, que lamentablemente siguen ocurriendo de diversos modos. Bregamos por fortalecer las políticas de prevención y medidas que impidan que se repitan estas conductas por parte de agentes del Estado", informó Walter Ormazábal, titular del área.



"La convocatoria, hecha desde la secretaría de Derechos Humanos del Municipio de Quilmes, su dirección general contra la Violencia Institucional, junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales, fue abierta y contamos con la presencia de víctimas y familiares de víctimas, o defensores de hechos emblemáticos como la masacre de la  Comisaría Primera, causas armadas, dificultad de acceso a la justicia, represión, allanamientos violentos y personas interesadas en que se respete la vida y la dignidad por sobre todas las cosas”, añadió.