La amenaza había sido recibida pasado el mediodía, lo que obligó a desplegar el protocolo de seguridad correspondiente con la brigada de Explosivos, Bomberos, Defensa Civil, Tránsito y Patrulla Urbana, además de la evacuación del edificio.

Una vez comprobada la inexistencia de elementos explosivos, el gabinete Criminológico de la Comisaría Primera comenzó con las investigaciones del caso. En este marco fue que un grupo de madres de alumnos aseguraron a los efectivos que sus hijos habían sido víctimas de 5 de sus compañeros, quienes les habrían quitado los teléfonos para hacer los llamados y luego se los devolvieron. Luego de ello, los alumnos daban cuenta de estos actos en sus redes sociales.

Según las fuentes policiales, los niños llamaron desde distintos números de teléfono, intercambiado el chip de los equipos celulares. Sin embargo, la procedencia de las llamadas pudo ser rastreada debido a que quedó registrado en cada una el número de celular y el código IMEI del equipo.

INSTANCIA JUDICIAL
Luego de ser planteada la situación ante las autoridades escolares, se procedió al secuestro de dos celulares, un Samsung J7 y un LG K120, para su posterior análisis. En la causa interviene ka fiscal Karina Gallo, quien estuvo a cargo de los procedimientos.

Cabe destacar que, luego de la correspondiente instancia judicial, si se determina que efectivamente los llamados fueron realizados por los 5 menores implicados, sus padres podrían ser intimados a pagar el costo de los operativos de emergencia.