Aseguran que de este modo quieren exigir a las autoridades “la continuidad de nuestro trabajo”, ya que serían alrededor de 600 familias afectadas por la decisión. Entendieron además que con la prohibición de tracción a sangre “no sólo pretenden esconder la pobreza, sino que también acaban criminalizando la actividad de los recicladores urbanos”.

“Con el argumento de la protección animal se avanzó sobre los trabajadores más pobres del distrito, sin dar respuesta concreta y sin diálogo. Es necesario aclarar que a los recicladores no se les entregaron bicicletas eléctricas ni de ningún tipo, como sí les dieron a las beneficiarias del  programa Hacemos Futuro. Tampoco mejoraron los precios de venta como se afirmó”, sostuvieron.



CONTRAPROPUESTA
Tras comparar la política del gobierno de Juan Patricio Mussi con el de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, donde instalaron “contenedores inteligentes”, propusieron “un sistema de reciclado que tiene que contemplar la promoción ambiental para que los vecinos separen en sus casas, un recorrido con cartoneros para levantar el material reciclable, traslado a un centro verde donde se clasifica y prepara para llevar a la industria”.