Así se desprende de un estudio de la fundación Finsalud dirigido por la epidemióloga española María Victoria Zunzunegui, que analizó el estado de salud de 188 personas en España afectadas por diversas estafas, y cuyos resultados se presentaron en la sede el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en Bruselas.
"La salud física es claramente peor, el diagnóstico psiquiátrico es mayor y los problemas de sueño son muy grandes", resumió Zunzunegui, que señaló estas tres dolencias como los "principales indicadores de que algo les está pasando a estas personas".
En concreto, el estudio reveló que un 85 % de los que sufrieron un fraude económico definen su estado general de salud como "malo o muy malo", un porcentaje que se reduce al 32 % entre la población general.

NECESIDAD DE AYUDA PROFESIONAL
El estudio, realizado sobre voluntarios de Madrid y Castilla y León, también apunta a que la proporción de personas que necesitarían un seguimiento psicológico es mayor entre los que fueron estafados (por encima del 75 % en todos los tipos de fraude) que para el resto de la población (22 %).
Zunzunegui, que es además profesora en la Universidad de Montreal (Canadá), explicó que los biomarcadores analizados durante la investigación apuntaban a problemas de estrés, culpabilidad y conflicto familiar como principales instigadores del malestar entre los encuestados.
Según la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Patricia Suárez, el objetivo de presentar el estudio ante el CESE es concienciar a las instituciones de que las malas prácticas bancarias tienen un impacto en el bienestar de la población.
Zunzunegui recalcó que se trata de un estudio piloto y pidió hacer llegar a la oficina estadística comunitaria, Eurostat, una petición "para que incluya preguntas sobre fraude financiero en sus encuestas de salud a nivel europeo" y así poder recabar información de muchas más personas y continuar el análisis.
En ese sentido, celebró que Madrid haya aceptado su solicitud para incluir esta variante en su encuesta de salud del año 2017, algo que les permitirá obtener información del impacto del fraude en la salud de unas 5.000 personas frente a las 188 con las que contaron hasta ahora.
El objetivo final, concluyó Zunzunegui, es disponer de datos a un nivel transnacional, ya que el problema "no es solo de España sino del sistema financiero en su conjunto".