Tiene 27 años, es profesora de Historia, de Quilmes, y está desempleada tras haberse desempeñado en el ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante la era kirchnerista. Deberá pagar 150 mil pesos por los gastos al Estado que sus amenazas de muerte ocasionaron para proteger a la hijita del presidente Mauricio Macri.
La mujer admitió la autoría de los tuits amenazantes ante el juez federal Ariel Lijo, y dijo estar arrepentida.
En los mensajes la mujer usaba una fotografía de Antonia Macri, la hija menor del Presidente, con una tachadura en su cuell,o como su fotografía de perfil y un mensaje que decía: "Maten a la chiquita".
Entre los mensajes intimidatorios se destacaba uno que decía: "Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero q @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a Antonia" y "Si algo hizo mal el kirchnerismo, es no haber matado a toda la burguesía, periodistas y políticos de derecha, en sus 12 años de gestión".
"Pero nosotros tenemos que ir más allá... Es nuestro deber matar a sus descendientes, sino esto no termina más", expresaban los mensajes.
La causa empezó el 5 de marzo por el "ciberpatrullaje" de rutina del Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, la cual detectó al usuario "@lamarikaos", que estaba realizando publicaciones amenazantes contra el Jefe de Estado, se consultó al tribunal y comenzaron tareas de inteligencia.
En su perfil de Facebook la mujer reportaba que desempeñaba tareas "en el Ministerio de Desarrollo de la Nación" aunque actualmente era "desocupada gracias al cambio". En su perfil de Facebook la mujer reportaba que desempeñaba tareas "en el Ministerio de Desarrollo de la Nación" aunque actualmente era "desocupada gracias al cambio".
EXABRUPTO
En su indagatoria la mujer reconoció haber realizado las publicaciones, pero las atribuyó a "un exabrupto generado por el enojo producido a raíz de la pérdida de su empleo".
"Me quedé sin trabajo y escribí ahí, pero sin intenciones de asesinar a alguien, me parece una locura. Fue un exabrupto por el enojo que me generó quedarme sin trabajo. En diciembre, me quedé sin contrato y no me lo renovaron, pero seguí trabajando hasta los primeros días de marzo. Al final, no continuó el contrato y no me pagaron ninguno de esos meses. Los meses de noviembre y diciembre me los pagaron en febrero. Y fue toda esa sumatoria de cosas lo que me hizo estallar y poner esa estupidez que puse", dijo.
Fue así como el magistrado dispuso el embargo de los bienes o dinero de la procesada hasta cubrir 150.000 pesos, en orden a que las costas del proceso incluyeron los gastos del Estado Nacional para reforzar la seguridad del Presidente y su familia, a fin de evitar un posible atentado.
