El juicio sin precedentes que tuvo como "particular damnificado" al Municipio de Tres de Febrero, y en el banquillo de los acusados a un joven al que se le atribuían una serie de llamados con amenazas de bomba a una escuela de Ciudad Jardín, ya cuenta con un veredicto: declararon al chico penalmente responsable de haber sido autor de las llamadas. Además, por la vía civil, se determinará la sentencia referida al daño económico.  

La pena, que podría ir de 2 a 6 años de prisión, será definida dentro de un año, luego de un tratamiento tutelar al que debe someterse el muchacho, que actualmente tiene 18 años. Cuando ocurrieron los hechos en 2017 era menor de edad, por lo que la causa fue seguida por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de San Martín, a cargo del magistrado Ramón Bogado Tula.

Para definir la sentencia, Tula se basó en el Artículo 211 del Código Penal, que menciona el "delito de intimidación pública". En efecto, el fallo señala obligaciones tales como concurrir a un Centro Socio Comunitario Departamental con regularidad, continuar asistiendo a la escuela y mantener activo el trabajo que realiza junto a su padre. Además, deberá presentarse de forma quincenal en la sede judicial y cumplir con un tratamiento psicológico.

Una última obligación, directamente ligada con el delito por el que se lo condena, refiere a la asistencia obligatoria a los talleres que se dictan en la Dependencia de Explosivos de San Martín, y a una entrevista con el sistema 911 para "comprender cabalmente la labor de estos organismos ante hechos de emergencia, y las consecuencias negativas que generan estas falsas amenazas", señalaron desde la Comuna. 

Por la vía civil, en tanto, deberá resolverse cuál será la indemnización que le corresponde al Municipio para resarcir "los recursos estatales que conllevan los protocolos que se pusieron en marcha en estas situaciones", indicaron desde el portal oficial de Tres de Febrero. 

El proceso se inició semanas atrás con un hecho inédito en el que la Municipalidad, al mando de Diego Valenzuela, adoptó un rol activo y se presentó como particular damnificado, al tiempo que inició un reclamo civil a los padres del por entonces presunto responsable.