Las pesquisas iniciaron en el marco de una causa por “infracción a la ley de marcas”, pero como trasfondo se encontraron con una situación mucho más grave. En el lugar que funcionaba como taller, ubicado en la intersección de la calle Blas Parera y Av. Florencio Varela, tenían a diez personas de nacionalidad boliviana trabajando en negro, apretados y sin ningún tipo de ventilación. 

De momento la Justicia entiende que los tenían “reducidos a la servidumbre”. Sin embargo, se dio intervención al ministerio de Trabajo y a la dirección nacional de Migraciones, que ahora investiga si existió una “red de trata”.



Los imputados por esta causa, acusados de ser los dueños del taller clandestino, son una familia completa compuesta por una pareja (de alrededor de 50 años) y su hijo, también mayor de edad, todos de nacionalidad boliviana. Este último sería quien estaba encargado de comercializar las prendas que se producían ilegalmente. A ellos se sumaron otras cuatro personas que serían cómplices en la actividad.

En los tres domicilios allanados la Policía Bonaerense incautó casi cinco mil prendas: 1500 camperas con la marca de Columbia, 1700 pantalones de jean marca Guzzi y Levis, 850 joggings marca Niké y 700 conjuntos deportivos Adidas, todos ellos apócrifos. Además secuestraron dos camionetas Mercedes Benz Sprinter y un Volkswagen Vento. 



INTERVENCIÓN JUDICIAL
La causa judicial había recaído en primera instancia en la Fiscalía Nº 7 de Quilmes, a cargo de Ximena Santoro, bajo la carátula de “Infracción a la ley de marcas”. No obstante, tras el hallazgo de los trabajadores ilegales el caso dio un giro y se incorporó la imputación de “reducción a servidumbre”, por lo que tomó la causa la Fiscalía Nº 1 de Berazategui, a cargo de Daniel Ichazo, especializada en estas temáticas. 

Asimismo, en los lugares sindicados intervino personal del área de inspección general de la Municipalidad de Quilmes, como así también el gabinete de Cyber Crimen de Berazategui, y personal de Migraciones.