El Gobierno de la provincia de Buenos Aires respondió las críticas surgidas de la Iglesia Católica sobre el juego on line. "Es una actividad mucho más difícil de controlar y de combatir. No está prohibido legalmente y tampoco tributa impuestos; y eso es muy injusto". Mientras no estén prohibidos, se señaló, "que paguen impuestos".
La Iglesia católica emitió un duro documento firmado por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, y que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Bajo el título "Cada casa puede ser un casino", la CEA cuestionó la promulgación de la Ley Fiscal e Impositiva que legalizó el mercado virtual de apuestas, de las cuales casi 60% son deportivas, y aseguró que fue un tema que "no tuvo la posibilidad de ser discutido por la sociedad".
A estas críticas, desde el Gobierno se expresó: "Nos propusimos que el juego no creciera en la provincia de Buenos Aires y restringir al máximo posible la oferta de juego legal. Y lo estamos cumpliendo. Hay dos bingos cerrados, tres casinos cerrados desde que comenzó nuestra gestión, hay decenas de detenidos por juego ilegal y más de cincuenta millones de pesos recuperados, también del juego ilegal, hay una licitación pública por primera vez en 23 años, para no darle de manera directa la administración de un casino a nadie". 



SIN PROHIBICIÓN
"Desde que llegamos no se instaló una sola máquina tragamonedas más en la Provincia, ni una agencia de lotería nueva más. Esto que parece obvio durante 28 años no fue así. El conurbano se llenó de bingos, se llenó de casinos, se llenó de máquinas tragamonedas. Ahora: el juego online es una actividad mucho más difícil de controlar y de combatir. No está prohibido legalmente y tampoco tributa impuestos; y eso es muy injusto, no con el resto del juego legal, sino con el resto de las actividades de la economía. Entonces lo que queremos es que el juego online también pague impuestos. Lo que hacemos es exigirles que paguen impuestos aquellos que hacen usufructo del juego online y hoy no pagan".
"Y si existe un proyecto para prohibirlo y que encuentra la manera de garantizar esa prohibición, que es lo más relevante, sin duda encontrará apoyo en el gobierno de la Provincia. Pero hasta ahora no ha aparecido un mecanismo sencillo de control o prohibición. Con lo cual, mientras tanto, que paguen impuestos".